domingo, 28 de abril de 2013

¡Es una subasta, imbéciles!


No es nuevo en este blog el debate sobre la contratación en las administraciones públicas. En enero, Teófilo Serrano hizo su breve reflexión sobre concursos y subastas. A la que yo contesté citando a Cervantes: “Las armas requieren espíritu, como las letras”.

En aquella contestación, aproveché para contar una película que terminaba así:

“El funcionario se sienta delante de su ordenador. Antes de abrir el excel, el peón mira alrededor y ve al rey corrupto, a la reina hecha una zorra, al caballo de cartón y a la torre inmóvil, haciendo dinero. Silencioso, pensativo, decide no abrir el excel, sino el word, y comienza a redactar un informe contradictorio”.

Hoy comparto el informe profesional de un funcionario, compañero de promoción. Se trata de Alfonso Rueda Sánchez, técnico superior de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección General de Ferrocarriles, que explica con números y ejemplos sorprendentes cómo los pliegos tipo actuales de los contratos de servicios del Ministerio de Fomento, pese a licitarse con apariencia de concurso, son en realidad una subasta encubierta.


(Ya sabemos que la actual legislación de contratos no emplea los términos “concurso” y “subasta”, pero aquí todos nos entendemos).

Estos pliegos, prácticamente iguales en las Direcciones Generales de Carreteras y Ferrocarriles, han sido impuestos a las subdirecciones desde esferas políticas a la llegada del nuevo gobierno del Partido Popular. Las fórmulas, como se explica más adelante, se han modificado respecto de los pliegos tipo anteriormente vigentes, de manera que en la práctica la valoración técnica carece de importancia.

Alfonso, grande, ha elaborado un informe sobre estos criterios de evaluación, y está intentando que se difunda entre los técnicos del Ministerio de Fomento. Para aumentar en lo posible la difusión, me ha pedido que lo suba al blog. Para mí es un honor compartir en este espacio un trabajo tan bueno.

Muchos técnicos creemos que los contratos de servicios del Ministerio de Fomento implican una componente intelectual tan importante, y su objetivo conlleva una responsabilidad tan grande, que no se puede dejar simplemente la decisión al mejor postor. No obstante, si los decisores políticos consideran adecuado eliminar la parte técnica de la valoración de las ofertas (donde hay patrón no manda marinero), mejor harían diciéndolo de manera transparente, y no fabricando subterfugios que ofenden a la inteligencia de las personas de bien.

Os dejo con el informe. Disfrutadlo, y por favor, difundidlo. A ver si entre todos somos capaces de arreglar un poquito las cosas, que falta hace.


INFORME SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN LICITACIONES DE CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES.

domingo, 7 de abril de 2013

La Concesionaria Mala


Esta semana la ministra de Fomento Ana Pastor ha comunicado que su departamento se plantea muy seriamente asumir las pérdidas de las autopistas de peaje al borde de la ruina.



Se ha engranado así con la maquinaria mediática del establishment, que lleva ya un tiempo introduciendo en la opinión pública el plan del Ministerio de Fomento de nacionalizar temporalmente las autopistas en riesgo de quiebra:


Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el plan del gobierno consiste en constituir una sociedad de capital 100% público que aglutine la decena de autopistas en riesgo de quiebra, quedándose con todas las acciones de dichas autopistas, tan solo asumiendo su deuda, de unos 3.500 millones de euros. Se habla de haber alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que realizarán una inyección de financiación de 1.200 millones de euros por la que recibirían tipos de interés del 3% durante 30 años. En el plan se plantea la devolución de las autopistas a las empresas privadas en el momento en que éstas tuvieran capacidad de asumir su gestión.

También hemos podido leer que las empresas privadas se quieren apoyar en el la Ley de Contratos del Sector Público, asegurando que la responsabilidad patrimonial de la Administración funcionaría como garantía para el sector privado ante una posible resolución del contrato unilateral por parte de la administración.

Las constructoras y concesionarias, según las declaraciones del presidente de la patronal ASETA, no contentas con ese acuerdo, pretenden que además el gobierno les pague los importes que invirtieron en la fase de construcción.

En este artículo pretendo esbozar, ya que no he sido capaz de explicar a mi hijo lo que es un banco malo, lo que dentro de pocas fechas será muy probablemente otro parásito que habrá entrado en nuestras vidas, gracias al dinero que sale de nuestros bolsillos:

La Concesionaria Mala