Lo que queríamos decir

Hace unas semanas contactó conmigo @cpastorg, periodista que trabaja en @laSextaColumna. Me contó que estaban preparando un reportaje sobre el mercado laboral, en el que habría una parte dedicada a los funcionarios. Me dijo que, documentándose, había encontrado por casualidad mi intervención en la Asamblea de FEDECA del verano pasado, y que estaría interesado en entrevistarme para el reportaje, puesto que le parecía un punto de vista interesante.

La primera respuesta que me vino a la cabeza es decir que no. No tengo ninguna experiencia en tratar con los medios de comunicación (de cuya independencia, con honrosas excepciones, tengo una pobre impresión), y creo que en muchas ocasiones éstos tergiversan la realidad; por lo que pensé que hablar de un tema tan delicado, y que afecta tan directamente a mi vida (al fin y al cabo, me gano la vida como funcionario) podría generarme algún tipo de contrapartida desagradable.

Pero, tras el susto inicial, y tras darle muchas vueltas a la cabeza, decidí animarme a participar. Probablemente, por pura coherencia con cómo veo las cosas hoy por hoy: el mundo necesita un cambio, el cambio depende de las personas, las personas tenemos que actuar.

Así que hice tres cosas:

• En primer lugar, pedirle a Carlos un guión de las preguntas que tenía pensado hacerme. Como digo, salir en televisión no es una cosa que haga todos los días, y me impone bastante respeto. Por eso quería tener claro en lo posible a lo que me iba a enfrentar, y el mensaje que quería transmitir.

• Lo siguiente fue pedir consejo a algunos compañeros de confianza. Fruto de ello, conseguí liar a @guillose (Guillermo Llopis) para que me acompañase en la entrevista, y a Carlos para que nos permitiera hacerla juntos. El debate entre los compañeros, y sobre todo la ayuda de Guillermo, lo he percibido no sólo como un importante apoyo moral, sino también como una manera de dar objetividad al mensaje, de decir algo que realmente pudiera representar lo que piensa un buen número de compañeros.

• Y lo último es dejar por aquí escrito el guión con las preguntas propuestas por La Sexta, y las respuestas fruto del debate previo entre varios compañeros, y que Guillermo y yo defendimos tan bien como supimos hace dos semanas en los jardines del Ministerio de Fomento (sin grabar la fachada del edificio como nos pidieron los guardas de seguridad, eso sí, no se vaya a enfadar @anapastorpp). Así, de alguna manera y para quien le interese, tenemos la oportunidad de que quede clara nuestra opinión, por si, por efecto de nuestros nervios o del know how televisivo, no quedara clara en la entrevista.

Igual le estamos dando demasiada importancia a lo que ya cariñosamente llamamos Guillermo y yo “nuestro minuto de gloria” (lo de minuto es literal, no creo que salgamos mucho más)… Pero lo cierto es que ha sido una experiencia que uno no vive todos los días.

El programa, salvo que a algún ex-presidente le dé por hablar, se emite este viernes 31 de mayo, a las 21:30, en @laSextaTV. (Minutos 28:00 al 39:00, concretamente del 30:10 al 35:45).

http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/funcionarios-tijera-rajoy-prejuicio-sociedad_2013053100190.html

Lo que queríamos decir

Al comenzar, te pediremos que nos cuentes un poco cuál es tu cargo. No porque vaya a salir la respuesta en sí, sino para nosotros después poderte presentar con la locución.

Manuel de Lucas y Guillermo Llopis son funcionarios de carrera, pertenecen al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado, y trabajan como jefes de servicio en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

1. ¿Consideras que los trabajadores públicos están siendo maltratados?

En un momento como el actual, con 6.200.000 parados, hay que ser muy respetuoso con las palabras, y valorar muy positivamente la estabilidad laboral que proporciona la función pública. Lo primero que hay que remarcar es lo mal que lo están pasando muchos ciudadanos con la crisis, y lo poco que se está haciendo desde los gobiernos de las distintas Administraciones (estatal, autonómica, local...) para que la situación laboral mejore.

Dicho esto, es un hecho que en los últimos dos años los trabajadores públicos hemos sufrido un gran número de recortes, por los gobiernos tanto del PSOE como del PP: a los ajustes que afectan a toda la ciudadanía (subida del IRPF, subidas sucesivas del IVA...), se añaden dos recortes salariales (del 5% al 7% del PSOE, paga extra de Navidad del PP), la congelación salarial 2011, 2012 y 2013, la paralización de la oferta de empleo público y la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, la supresión de días de vacaciones o la importante reducción de las prestaciones de baja, en los casos de enfermedad. Todo esto se puede monetizar aproximadamente en un 25-30% de pérdida de poder adquisitivo en ese breve plazo de tiempo… Pero, si miramos más atrás, antes de la crisis, y comparamos la evolución del IPC con los sueldos de los funcionarios, diríamos que el funcionario ha perdido aproximadamente un 50% de su poder adquisitivo desde 1982.

2. ¿Se te ocurre algún ejemplo? (declaraciones de la CEOE sobre los funcionarios…) ¿Quién está detrás y por qué?

Se percibe claramente un intento de desacreditar la labor de los funcionarios con multitud de declaraciones de representantes. Se nos expone públicamente por medio de declaraciones a los medios de comunicación de nuestros máximos responsables: como empleados a quienes hay que aumentar el horario porque trabajamos poco; empleados que hay que evaluar porque nadie nos controla; que nos dedicamos al “cafelito” porque no nos gusta trabajar; que nos creemos que por superar una oposición tenemos un trabajo para toda la vida... Tales afirmaciones solo pueden provenir de los que no conocen la Función Pública, sin entender que somos servidores públicos independientes, no servidores políticos. Lo más lamentable es que estas expresiones y manifestaciones, han sido realizadas por los máximos responsables políticos de la función pública.

Ejemplos:

• Joan Rosell (Presidente CEOE): “...Sobran funcionarios... mejor darles un subsidio y que se vayan a casa para que no estén consumiendo papel y teléfono”. En este caso es entendible, teniendo en cuenta los intereses que defiende la patronal.
• Antonio Beteta (Secretario de Estado de Administraciones Públicas): “Los funcionarios tiene que olvidarse del cafelito y de leer el periódico”. Dando a entender que los funcionarios en general aprovechan su tiempo de trabajo para estas actividades.
• Ana Pastor (Ministra de Fomento): “...Nuestros técnicos, los ingenieros de INECO...”. Haciendo ver que los ingenieros del Ministerio de Fomento son los que trabajan en esa empresa semipública, y no los que hemos aprobado las oposiciones al Cuerpo. 

Da la sensación de que el descrédito de los funcionarios, unido a la reducción de medios humanos y materiales, sea el camino que permita justificar la privatización de la gestión de servicios públicos amparándose en su mal funcionamiento. Como está ocurriendo con la sanidad en la Comunidad de Madrid.

La razón del maltrato es muy clara: los funcionarios, como profesionales independientes, somos “la última frontera” que ha de vencer el establishment económico para poder influir en el funcionamiento del Estado. Digo la última, porque está claro que los grandes poderes ya influyen en Las Cortes y en el gobierno.

Por eso:

• En vez de recortar en todo aquello que les permite mantener su status privilegiado (amigos y familiares colocados a dedo en empresas públicas, consejos de administración de empresas privadas, fundaciones y asociaciones subvencionadas, cajas de ahorro, los propios partidos políticos subvencionados, asesores, etc…).
• En vez de revisar de manera integral el modelo de administración (duplicidades entre las distintas administraciones, diputaciones, cabildos, consejos insulares, TVs, embajadas autonómicas, más de 8.000 ayuntamientos, 18 parlamentos, etc…; por supuesto con sus respectivas dietas, privilegios, sueldos, coches oficiales, etc…).
• En vez de luchar contra el fraude fiscal (en España a día de hoy se podrían recaudar unos 90.000 millones de euros al año en fraude fiscal; en España tenemos tres veces menos inspectores de Hacienda que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que Francia o Alemania).
• En vez de dejar de privilegiar a la banca, rescatándola con miles y miles de millones de euros, pagando las pérdidas de malos gestores que han arruinado sus bancos y cajas y se han ido de rositas con indemnizaciones millonarias…

En vez de todo eso, prefieren seguir colocando personal de confianza, recortando, debilitando, arrebatando competencias y desacreditando al sector público, y presentarnos como culpables de la crisis ante el resto de la ciudadanía: porque saben que manejándonos a nosotros también, tienen todos los cabos atados.

3. ¿Qué es más eficiente? ¿La administración pública o la empresa privada?

Es importante destacar que una Administración Pública debe regir la mayor parte de sus actuaciones por el Derecho Administrativo que establece unos procedimientos más largos y complejos para reducir la discrecionalidad y eliminar la arbitrariedad en su actuación. Por ejemplo, para reformar las oficinas de una empresa, ésta puede contratar a quién considera que lo va a hacer mejor, a algún conocido, al más barato,… mientras que en una Administración Pública no es posible esto, sino que se debe seguir un procedimiento reglado de licitación, con su publicidad, intervención, etc.

Seguir estos procedimientos administrativos ralentiza en gran medida el trabajo de la Administración pero es una garantía para los ciudadanos de que se respeta la legalidad.

Para huir de esta rigidez, los políticos han creado multitud de empresas públicas, que por otro lado les han permitido una mayor capacidad de endeudamiento, además de servir de lugar donde colocar a la infinidad de “compromisos” que los políticos tradicionales han adquirido para llegar donde están. Eso no sería posible en la Administración Pública, donde el número de eventuales (puesto de confianza) aunque excesivo no deja de ser limitado, y la puerta de colocación por medio de laborales, que se utilizó muchísimo en los años 80 y 90, se ha restringido y regulado enormemente.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que al aumentar el tamaño de las empresas, éstas van estableciendo procedimiento internos que rigidizan su actuación, acercándose al funcionamiento de una Administración Pública. Se dice que a partir de un determinado tamaño de empresa es mayor el trabajo que se genera a sí misma que el que hace para otros.

En cuanto a la eficiencia, se podría decir que hay campos en los que será más conveniente plantear la gestión pública de un servicio, otros en los que se pueden aprovechar ciertas características de las empresas privadas, y otros en los que el escenario óptimo será una adecuada participación y colaboración de ambos sectores.

Pero es muy importante significar que en los últimos tiempos se está dando por llamar Participación Público Privada en obra pública no a estos posibles modelos de colaboración, sino a negocios que, con la complicidad entre los políticos de los partidos mayoritarios y las grandes empresas constructoras y concesionarias, pretenden privatizar los beneficios, pero socializar las posibles pérdidas. Éste sería el caso, por ejemplo, de las autopistas de peaje: las que dan beneficios, ven cómo los sucesivos gobiernos prorrogan indefinidamente las concesiones; y las que están en quiebra, negocian con el gobierno la manera de que todos paguemos la incompetencia de su gestión.

Otro hecho característico es que el sector privado suele interesarse prioritariamente por privatizar sectores que dan beneficios: p.e., los intentos con el Canal de Isabel II, los aeropuertos más rentables, Loterías y Apuestas del Estado…

También podríamos mencionar los conocidos casos de la sanidad (el PP aún no le ha podido demostrar a nadie las ventajas de la sanidad privada en Madrid) o de la educación concertada (que solamente es rentable si se mantienen las subvenciones públicas, dinero que se está detrayendo a fin de cuentas del presupuesto para educación pública).

Hace unos meses, unos compañeros de la Dirección General de Ferrocarriles hicieron un ejercicio de cálculo basado en las Encomiendas de Gestión del Ministerio con INECO, que demuestra que en la actualidad, el coste que supone para el Ministerio de Fomento una persona externa es muy superior (más de dos veces) al que supone un funcionario… Si bien es verdad que el sueldo del trabajador de INECO dista de esos costes, por lo que cabría preguntarse por el destino de la diferencia.

En las cuestiones ideológicas es difícil ponerse de acuerdo. Pero yo diría que muchos funcionarios creemos que, cuando el Gobierno proporciona a la Administración unos objetivos claros, y le dota de los recursos adecuados, la Administración es más eficiente y eficaz que la empresa privada a la hora de gestionar servicios públicos… Aunque sólo sea porque es su razón de ser, y porque, ya desde la teoría, la empresa busca el beneficio privado y la administración, el interés general.

4. ¿Hacen algo los funcionarios para intentar mejorar estas situaciones de ineficiencia?

A raíz de los recortes del verano pasado, FEDECA (Federación de Asociaciones de los cuerpos superiores de la Administración General del Estado) creó varios grupos de trabajo con el objetivo de transmitir a la sociedad y al Gobierno que es posible reconducir la grave situación actual a través de actuaciones racionales. La Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (a la que pertenecemos) fue nombrada responsable del grupo “Medidas en materia de infraestructuras”, y nos pidió colaborar activamente en ese trabajo, proponiendo otra manera de hacer las cosas, denunciando lo que considerásemos intolerable y exigiendo lo que creyésemos justo.

Desde entonces, algunos compañeros venimos publicando artículos donde procuramos responder a esa solicitud. Por ejemplo, hemos denunciado:

• Las políticas del gobierno en cuanto a la deficiente conservación de la Red de Carreteras del Estado desde el año 2009 (aquí o aquí).
• El trato de favor que reciben las concesionarias de autopistas de peaje.
• Posibles errores en los pliegos de contratación de servicios de ingeniería por parte del ministerio.
• La falta de criterio en la priorización de actuaciones de obra civil (aquí o aquí).
• La errática y demagógica política en cuanto a los límites de velocidad en las carreteras.
• El despilfarro en los actos de inauguración de infraestructuras puestas en servicio.
• La persistencia de gastar y seguir gastando en obras faraónicas como el túnel bajo la SE-40 en Sevilla o la autopista entre Benavente y Zamora…

El caso de la Benavente-Zamora es quizás el que más cariño le tengo: se trata del último tramo que queda por convertir en autopista de la N-630. Es cierto que es el último tramo, y que muchos zamoranos están muy concienciados con que esta obra salga adelante. Pero la realidad es que es una obra no prioritaria (el tráfico es escaso, el trazado es bueno, y los indicadores de peligrosidad vial no son preocupantes sino que están muy por debajo de los valores medios en el resto de Zamora y en España).

El gobierno del PSOE, con Pepe Blanco en el Ministerio, sacó a licitación esta obra, en forma de concesión de construcción, conservación y explotación durante 30 años por unos 1.150 millones de euros. Se estima que el coste de construcción y explotación sin concesionar la autopista a la empresa privada sería de unos 300 millones de euros.

¿Dónde va la diferencia? Eso debía pensar el Partido Popular cuando, estando el PSOE en el Gobierno, presentó una solicitud de fiscalización del contrato al Tribunal de Cuentas, con un razonamiento análogo. Lo que pasa es que cuando llegó al Gobierno la actual ministra de Fomento Ana Pastor, zamorana para más señas, se le debió olvidar, ya que hace pocos meses se ha adjudicado el contrato en cuestión.

Entre medias, hemos hecho lo que hemos podido. Se remitió una queja al Defensor del Pueblo, que nos contestó que eso era competencia de la ministra. Se envió una carta a Ana Pastor, firmada por más de cuarenta ingenieros de los servicios centrales del Ministerio de Fomento, solicitando que reconsiderase la necesidad de la autopista Benavente – Zamora, y que paralizase la adjudicación del expediente para, posteriormente, anular la actuación… La ministra nunca nos contestó, y está previsto que este verano comiencen las obras de la autopista.

5. Denuncia de los nombramientos a dedo dentro de la Administración. Sobre todo en puestos que podrían ser cubiertos por funcionarios competentes.

Da la sensación que mucha gente todavía no conoce las diferencias entre los distintos tipos de empleados públicos con lo que se mete a todos en el mismo saco. No son lo mismo los que el Estatuto del Empleado Público denomina eventuales, más conocidos como asesores, que son puestos de confianza de cargos políticos designados por tanto a dedo, que laborales o que funcionarios. Los funcionarios acceden a la Administración mediante oposiciones que deben respetar los principios de publicidad y concurrencia, y basan su selección en el mérito y capacidad de los aspirantes.

Por otro lado, habría que diferenciar entre puestos de libre designación entre funcionarios y los eventuales que se seleccionan de forma digital sin tener que tener ningún requisito.

Los puestos de libre designación son los de mayor responsabilidad y requieren, en general, una mayor dedicación y carga de trabajo. Entre ellos se puede encontrar de todo, gente muy competente y con gran conocimiento cuyo nombramiento responde principalmente a motivos técnicos, que muchas veces continúan en puestos de responsabilidad tras un cambio de color del gobierno, y funcionarios afines a un determinado partido que están en puestos de responsabilidad durante el tiempo que dicho partido se mantiene en el poder.

Este modelo, que podría ser bueno, se ha ido degenerando con los años, aumentando cada vez más los puestos de funcionarios que se ocupan por libre designación debido tanto a la proliferación de gabinetes y órganos de todo tipo, como por el uso de este procedimiento en puesto de cada vez menor responsabilidad.

Por otro lado, están los llamados eventuales o asesores que son puestos de confianza del político. Muchos de estos puestos podrían ser ocupados por altos funcionarios que tienen una formación más que suficiente, han demostrado su valía y que además su fidelidad está en cierto modo asegurada por el hecho de poder ser cesados inmediatamente si el político los considera oportuno.

Muchos de nosotros estamos hartos de ver cómo se producen nombramientos “a dedo”, por amiguismos o por afinidad política entre los cargos directivos (de nivel de subdirector incluido para arriba, sobre todo de asesores, y por desgracia también empiezan a aparecer de dicho nivel hacia abajo), y de ver del mismo modo que nadie hace nada que consiga evitarlo. Es difícil creer en una carrera profesional basada en el “Mérito y Capacidad” cuando nuestra progresión se ve frustrada por la promoción de advenedizos y la colocación indiscriminada de cesados de puestos de libre designación, en los niveles más altos funcionariales.

Muy recomendable al respecto, el artículo “El desprecio político al funcionariado” de Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional.

6. ¿Existe el escaqueo entre el empleado público? ¿Qué porcentaje existe? ¿Crea éste mala fama al resto de compañeros?

En lo que es el trabajo diario, en la Dirección General de Carreteras la mayoría de la gente es competente y hace su trabajo correctamente, aunque siempre hay gente que se escaquea. El problema principal es que no existe ningún tipo de penalización para la gente que no cumple, por lo que al final depende en gran medida del sentido de responsabilidad de cada uno. Existe normativa que permite sancionar pero pocas veces se aplica, en parte porque los dirigentes saben que su puesto es temporal y no quieren abordar ese tipo de medidas tan impopulares.

A esto ha contribuido en gran medida la defensa que desde los Sindicatos se hace de todo tipo de trabajadores, sin discriminar si éstos trabajan o se escaquean, lo que al final perjudica al resto de los trabajadores. Esto aumenta el rechazo de los responsables a abordar cualquier tipo de sanción a los incumplidores para evitar tener que enfrentarse a los Sindicatos.

En cuanto al tema del escaqueo, estos últimos meses el gobierno ha vuelto a aprovechar la situación para desacreditar al empleado público: en vez de utilizar los servicios de inspección para investigar los posibles comportamientos fraudulentos particulares, ha preferido emitir (y anunciar a bombo y platillo) órdenes e instrucciones públicas para la generalidad de los trabajadores, instándonos a cumplir el horario (como si la mayoría no lo cumpliésemos), y amenazando con descuentos en las nóminas en el caso de no cumplirlo (como si fuésemos niños pequeños).

7. Los expedientes a trabajadores públicos que no cumplen: ¿Ha visto alguna vez a un compañero expedientado? ¿Tan complicado es despedir a un funcionario?

La estabilidad que ofrece el empleo público tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento: una garantía que es clave para asegurar el Estado de Derecho, es decir, para realizar un control previo del sometimiento a la Ley de los dirigentes políticos en sus actuaciones. Este control previo se completa con el control jurisdiccional ejercido por jueces y magistrados, que por cierto también son funcionarios públicos. Por todo ello, la Constitución establece la igualdad de acceso a la función pública, conforme a los criterios de mérito y capacidad de los concursantes. Lo de tener una plaza “en propiedad” responde a la idea de que al funcionario no se le puede “expropiar” su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Para ello, la ley prevé la posibilidad de expedientar a los funcionarios incumplidores. Aunque sé que existen, y de hecho mirando el BOE son cada vez más frecuentes los trabajadores públicos expulsados de la función pública, yo personalmente no he conocido ninguno.

Por suerte, cada vez es más difícil de engañar a las personas, y esa estrategia de dividirnos (blancos o negros, creyentes o ateos, de izquierdas o de derechas, hombres o mujeres, autónomos o asalariados o funcionarios…) cada vez les sirve menos. En este caso, los ciudadanos son conscientes de que son funcionarios el profesor de sus hijos, el médico que les cura, el juez que les juzga, el guarda forestal que cuida sus bosques, el policía o el guardia civil que vela por su seguridad, el cartero que le trae noticias de sus seres queridos, los ingenieros también… En fin, que no somos tan malos.

La buena noticia es que las personas estamos despertando, y que cuando despertamos ante la injusticia y usamos la inteligencia colectiva, olvidamos las diferencias con las que hemos sido artificialmente etiquetados y nos vamos solidarizando con los demás. Por eso, muchos abrigamos la esperanza de que las buenas personas unidas podamos terminar con la cleptocracia que nos domina.

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PD.- Algunos datos los hemos “cogido prestados” del Blog de Rafa Pacheco, que estoy seguro que estará encantado de ser citado como fuente. ¡Muchas gracias, @rafapachecocom!