Ayer cayó en mis manos esta
entrevista a la ministra de Fomento Ana Pastor en el canal Intereconomía. No
voy a valorarla, cada uno tenemos nuestros foros para decir tonterías. Unos lo
hacemos en nuestras cuentas de
twitter, y otros utilizan los medios de comunicación afines, ya sean públicos
o privados, o lo que es más triste y grave, nuestras instituciones
democráticas.
De la entrevista quería destacar lo que la
ministra dice literalmente en el minuto 22’20”: “Por lo tanto estamos muy esperanzados… Son infraestructuras… De hecho,
nuestros técnicos, los ingenieros de INECO, están trabajando como saben en muchos lugares…”…
No pasa de ser una anécdota, quizá son los
nervios del directo. Pero no lo quiero dejar pasar de largo. Porque creo que
define bien una de las más dañinas estrategias que utiliza el establishment
para hacer de nuestra sociedad su coto privado. Es la segunda estrategia de la
que hablo en este blog, la primera ya la anoté en “El
recorte más ruin”.
Esa estrategia consiste en ir paulatinamente desacreditando
y arrebatando competencias a los funcionarios de este país. La maquinaria lleva
en funcionamiento muchos años, y no me extenderé aquí sobre cómo se ha
inoculado la idea del funcionario ineficaz en el imaginario popular. Tampoco
quiero defender a ultranza el modelo de funcionariado español, porque considero
que es mejorable, aunque estoy convencido de que todos sus males provienen de
la gestión interesada de los políticos gobernantes a lo largo de 30 años, que
siempre han velado por sus intereses mucho más que por el interés general.
Lo que
sí quiero decir muy alto es lo siguiente: con el modelo de Estado vigente, los
funcionarios somos “la última frontera” que ha de vencer la casta del 1% para
conseguir su victoria.
Como un grupo de compañeros consensuó
hace meses:
“Es
preciso definir nítidamente el tipo de trabajo que debe desarrollar el personal
externo y cuál debe ser desarrollado exclusivamente por el funcionario de
carrera. Los funcionarios de carrera tienen una vía de acceso a través de un
largo proceso de oposición, un régimen de incompatibilidades muy rígido, un
deber de independencia, vocación de servicio público, jerarquía y otras muchas
especialidades que contempla su legislación específica como base de la
organización administrativa. Asimismo, el ordenamiento jurídico impone una
responsabilidad específica para el funcionario en el cumplimiento de su deber,
al establecer en el código penal agravantes importantes para determinados
delitos por el mero hecho de ser funcionarios los que los cometan. Todo ello es
la base de la garantía de imparcialidad que debe regir el funcionamiento de la
Administración Pública.
La
legislación vigente establece que todo gasto de personal debe computarse en el
capítulo 1 del presupuesto, y nunca en otros capítulos, como el capítulo 6, que
tiene como finalidad la inversión pública. Por eso, el uso de encomiendas o
contratos con cargo al capítulo 6 para pagar al personal que prestan ciertas
empresas no se ajusta a derecho.
En la
actualidad, el coste que supone para el Ministerio una persona externa es muy
superior (entre 2 y 3 veces) al que supone un funcionario. Aunque el coste de
este personal externo se cargue al capítulo 6 y el de los funcionarios al
capítulo 1, debe tenerse en cuenta que la caja del Tesoro Público por la que
todos debemos velar es única”.
No espero que este texto reciba ningún
comentario de la actual ministra, porque no me gusta tropezar dos veces con la
misma piedra. Ya me he dirigido a ella en una ocasión y obtuve la
callada por respuesta.
Sí esperaría que la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado, a la que pertenezco, y el sindicato FEDECA, al que voté en las últimas elecciones
sindicales, denunciaran esta forma de expresarse de la ministra.
