domingo, 7 de abril de 2013

La Concesionaria Mala


Esta semana la ministra de Fomento Ana Pastor ha comunicado que su departamento se plantea muy seriamente asumir las pérdidas de las autopistas de peaje al borde de la ruina.



Se ha engranado así con la maquinaria mediática del establishment, que lleva ya un tiempo introduciendo en la opinión pública el plan del Ministerio de Fomento de nacionalizar temporalmente las autopistas en riesgo de quiebra:


Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el plan del gobierno consiste en constituir una sociedad de capital 100% público que aglutine la decena de autopistas en riesgo de quiebra, quedándose con todas las acciones de dichas autopistas, tan solo asumiendo su deuda, de unos 3.500 millones de euros. Se habla de haber alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que realizarán una inyección de financiación de 1.200 millones de euros por la que recibirían tipos de interés del 3% durante 30 años. En el plan se plantea la devolución de las autopistas a las empresas privadas en el momento en que éstas tuvieran capacidad de asumir su gestión.

También hemos podido leer que las empresas privadas se quieren apoyar en el la Ley de Contratos del Sector Público, asegurando que la responsabilidad patrimonial de la Administración funcionaría como garantía para el sector privado ante una posible resolución del contrato unilateral por parte de la administración.

Las constructoras y concesionarias, según las declaraciones del presidente de la patronal ASETA, no contentas con ese acuerdo, pretenden que además el gobierno les pague los importes que invirtieron en la fase de construcción.

En este artículo pretendo esbozar, ya que no he sido capaz de explicar a mi hijo lo que es un banco malo, lo que dentro de pocas fechas será muy probablemente otro parásito que habrá entrado en nuestras vidas, gracias al dinero que sale de nuestros bolsillos:

La Concesionaria Mala

La Administración General del Estado tiene 22 concesiones de autopistas (más de 2.700 km incluyendo los tramos libres de peaje), cuyos ingresos superaron los 1.400 millones de euros anuales en 2011. Doce de estas concesiones que se encontraban en su periodo inicial de explotación presentan problemas de viabilidad financiera, motivados por:

  • Un tráfico real muy inferior al estimado en las ofertas adjudicatarias. Recordemos, ofertas de las que no es responsable el Estado, sino las empresas ofertantes.
  • Sobrecostes de expropiaciones ante el reconocimiento de expectativas urbanísticas en suelo rústico por los Jurados Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (de 400 a 2.300 millones de euros, cifra variable en función de quién realice las estimaciones). Unos sobrecostes originados por la deficiente Ley 6/1998 del Suelo, la temeraria previsión de costes de la administración asumida por el concesionario en sus ofertas, el dilatado periodo de fijación del justiprecio en el procedimiento, las decisiones judiciales que han multiplicado por muchos el valor de los terrenos y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
  • Ejecución de obras adiciones no previstas en los anteproyectos (400 millones de euros).

Esta situación ha dado lugar a la inviabilidad de las concesiones.

Durante la anterior Legislatura el Gobierno favoreció a las adjudicatarias de nueve concesiones, de la siguiente manera:

  • Préstamos participativos:
    • Creados en la Ley del PGE-2010.
    • Otorgados para compensar sobrecostes en las expropiaciones que excedan el 175% de las cantidades previstas en las ofertas.
    • Para la devolución de estos préstamos, el Estado ha modificado gratuitamente las concesiones elevando las tarifas de peaje y los plazos concesionales. Esto es, se ha decidido que los ciudadanos paguen los fallos de cálculo de las empresas adjudicatarias.

  • Cuentas de compensación:
    • Creadas en la Ley 43/2010, del Servicio postal universal (otro ejemplo de cómo han hecho las cosas tanto PP como PSOE: utilizando una ley que no tiene nada que ver con concesiones de autopistas para legislar sobre concesiones de autopistas, beneficiando a las concesionarias de autopistas).
    • Las concesionarias recibirían durante tres años una cantidad que cubriese la diferencia entre los ingresos reales y el 80 por 100 de los ingresos previstos. (La aportación no podría superar los ingresos obtenidos por el peaje).
    • Se devolverían al Estado cuando los ingresos reales superasen a los ingresos previstos y únicamente con el 50 por 100 del exceso. Unos “cómodos plazos” que el ciudadano de a pie tiene mucho más difícil encontrar en el mercado financiero.
    • ¿De dónde se alimentan dichas “Cuentas de compensación” que benefician a estas grandes empresas? Por supuesto, de los Presupuestos Generales del Estado, esto es, del bolsillo de los ciudadanos.

Es claro y meridiano que ni siquiera estas ayudas han conseguido el objetivo de salvar esos negocios. No hay más que repasar lo que ha pasado en 2012: los problemas han seguido creciendo. (Habría que recordar al gobierno que la manera de salir de un problema no es dar una patada a seguir, ni mirar para otro lado, ni seguir cavando):

  • El tráfico real es inferior al 45 por 100 del previsto en las ofertas. Ofertas que, recordemos porque es importante recalcar, son responsabilidad de las concesionarias.
  • Por lo tanto, la situación económico-financiera de las sociedades con mayores dificultades ha seguido empeorando.
  • Como prueba, pese a las medidas, han solicitado concurso o preconcurso de acreedores las sociedades concesionarias de las autopistas: Accesos de Madrid (R-3/R-5 y M-50); Madrid Sur (R-4 y M-50); Autopista AP-41 Madrid-Toledo; Autopista AP-36 Ocaña-La Roda; Autopista AP-7 Cartagena-Vera.

La realidad es obstinada, y cada vez es más difícil ocultar la necesidad de adoptar una decisión de entre las posibles soluciones estructurales:

  • Seguir como estamos: supone aportar aproximadamente 1.200 millones de euros pendientes en préstamos participativos por expropiaciones y otros 350 millones de euros anuales, al menos durante 15 años, para cuentas de compensación y nuevos préstamos participativos.
  • Liquidar las sociedades en concurso de acreedores y licitarlas de nuevo, modificando las condiciones de contorno para que resulten rentables. O asumir su gestión por el ministerio, hipótesis plausible, toda vez que la mayor parte de la Red de Carreteras del Estado es NO concesionada, y su gestión por parte de la Dirección General de Carreteras ha sido francamente buena a lo largo de las últimas décadas.
  • Financiar las necesidades de las concesiones en crisis licitando nuevamente concesiones existentes que vayan a finalizar, y no seguir perpetuando el modelo de regalar a las concesionarias de infraestructuras que dan beneficios la continuación de su explotación, como ha sucedido hasta la fecha. Hagamos notar que las empresas que quiebran con algunas concesiones son las mismas que obtienen millonarios beneficios con otras concesiones ad infinitum.
  • Crear “La Concesionaria Mala” (a similitud del Banco Malo), o utilizar alguna empresa pública existente (SEITTSA) para comprar las concesionarias con problemas y adjudicarle el derecho de cobro de peaje en vías que hoy son gratuitas o establecer la dotación presupuestaria oportuna.



Por las informaciones de los medios de comunicación, parece que el gobierno se ha decidido por esta última solución, con un modelo en el que se sigue apostando por la socialización entre todos los ciudadanos de las pérdidas de las compañías concesionarias que no han sido capaces de dirigir adecuadamente sus negocios.

Es necesario que los ciudadanos seamos conscientes del problema, y nos opongamos frontalmente al plan del gobierno aparecido en los medios de comunicación. Considero que dicho plan es un gravísimo error, puesto que:

  • Se prefiere acudir al mercado bancario (mercado que recordemos ha sido parcialmente rescatado con dinero público) antes que asumir las pérdidas como deuda pública. Así pues, los bancos harán negocio a costa de los ciudadanos (el Estado presta dinero a los bancos a tipos menores que los bancos se lo prestan a él).
  • La justificación que probablemente aduzca el gobierno sea evitar que la situación desemboque en un incremento del déficit y de la deuda. En España estamos acostumbrados a estos artificios (modelo alemán, peajes en sombra, sociedades mandatarias, SEITT, ADIF, MINTRA, autovías de primera generación, autovía Benavente-Zamora…) que han buscado en el pasado maquillar las cuentas públicas de España frente a Europa. En este caso, y puesto que la “sociedad pública vehículo” recibiría los ingresos de los peajes, se intentaría hacer la trampa una vez más. Estas formas de actuar son totalmente contrarias a la transparencia que se debe exigir al gobierno de la nación, y desde luego al espíritu de la legislación sectorial de la Unión Europea.

Es fundamental recordar que la responsabilidad de las ofertas presentadas por las empresas adjudicatarias de las concesiones es exclusiva de dichas empresas, y que la diferencia entre los valores reales de tráfico y expropiaciones y los previstos en sus temerarias proposiciones ha de ser asumida por las mismas, y no por los ciudadanos españoles.

En un país decente ni las concesionarias ni sus bancos prestamistas deben estar en condiciones de mantener una negociación de este tipo con el Gobierno, puesto que ese concepto se opone a la igualdad de personas (jurídicas en este caso) ante la ley.

No se comprende (mejor dicho, sería menos desagradable no comprender) por qué, inmersos como estamos en una crisis de dimensiones aún probablemente desconocidas, se sigue privilegiando a las grandes compañías cuando tantas y tantas PYMEs y autónomos han caído y siguen cayendo. La inyección de dinero del Estado y de los bancos se debería dedicar a la economía productiva: a un 3% de interés, muchas empresas y emprendedores rescatarían de sus cajones proyectos olvidados que creían inviables.

Tampoco se comprende que se plantee la posibilidad de nacionalizar las concesiones únicamente durante el tiempo necesario para sanearlas con el dinero de todos los ciudadanos, para después devolverlas limpias de polvo y paja a las empresas privadas.

No se puede permitir más la hipocresía de quienes defienden el libre mercado con un embudo en la mano: en el libre mercado, cuando las empresas van bien generan beneficios que retribuyen el capital invertido, cuando van mal dan pérdidas (que normalmente se espera convertir en beneficios en los ejercicios futuros), y cuando van muy mal y no mejoran, quiebran y los inversores no recuperan el dinero. En el mercado de las concesiones (como en el de los bancos), las empresas han de aprender a asumir sus pérdidas, a reflejarlas en sus balances, y a que sus gestores respondan ante los accionistas por su irresponsabilidad manifiesta. Y para ello, hay que terminar con la práctica generalizada de estos mercados que consiste en “privatizar beneficios y socializar pérdidas”, y que ha sido instaurada en España mediante la connivencia entre los que dan y los que reciben sobres.

Muchos ingenieros funcionarios creemos que el Ministerio de Fomento tiene infraestructura técnica suficiente para hacerse cargo de las autopistas de peaje, con los mismos medios que el resto de la Red no concesionada: la red de peaje sólo supone un 10% de la longitud total de la RCE, y las autopistas en quiebra son un pequeño porcentaje de ese 10%. Por supuesto que asumir esta deuda afearía los balances nacionales, pero es que la otra solución es el mismo maquillaje, la misma "patada a seguir" de siempre: que el problema no compute en deuda y déficit, pero que los intermediarios (en este caso los bancos) se sigan llevando el dinero de los ciudadanos.

Si la transparencia que ahora llena la boca a los políticos del PP y del PSOE existiera realmente, los ciudadanos podríamos conocer una lista pormenorizada de los acreedores de expropiaciones de las autopistas en riesgo de quiebra, puesto que es un dato relevante saber si el grueso de la deuda se reparte entre pequeños propietarios o, más bien, entre grandes terratenientes o grupos empresariales relacionados con el sector de la construcción y de las empresas concesionarias. Ya que con la solución planteada por el gobierno, los expropiados obtendrían (sin ponerse a la cola en los procedimientos concursales) la remuneración de su deuda, conviene aclarar a la ciudadanía que estos expropiados no tienen nada que ver precisamente con los causantes de los problemas.

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es fácilmente defendible que el caso estudiado no genera de ninguna manera responsabilidades sobre la administración por su resolución. Según el artículo 271 de la ley, no cabe indemnización por daños y perjuicios. El mismo artículo 271, en su apartado 4, indica que “cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario (como es el caso), le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada”.

Por cierto que, aviso a navegantes, según la Ley de Contratos, en caso de resolución, el concesionario está obligado a hacer entrega a la Administración, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial. No se les vaya a olvidar este punto a los actores implicados.

El comportamiento anómalo de las autopistas de peaje respecto al resto de la Red de Carreteras del Estado no concesionada es consecuencia de una disfunción histórica del organigrama del Ministerio de Fomento. Así pues, la Subdelegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje depende directamente del Secretario General de Infraestructuras (órgano eminentemente político), y escapa del paraguas de la Dirección General de Carreteras. Esta situación, prevista en la Ley de Autopistas de 1972 (preconstitucional, pero todavía vigente en gran parte de su articulado), y no corregida por ningún gobierno en las anteriores legislaturas, ha propiciado un trato de favor continuo a las concesionarias de autopistas.

Probablemente sería necesaria la revisión del organigrama del Ministerio de Fomento en este sentido (de manera que la subdelegación pasase a ser una subdirección más de la Dirección General de Carreteras), así como la revisión de la normativa de carreteras al respecto. Esperamos que la nueva Ley de Carreteras prometida por el Partido Popular aproveche para refundir la legislación de concesiones de autopistas con la nueva ley de carreteras, puesto que la situación actual es una dispersión normativa (ley de carreteras, ley de autopistas en régimen de concesión, ley de contratos) que provoca situaciones ineficientes para los ciudadanos, y ventajosas para los poderes económicos.

Animo desde aquí a los decisores del Ministerio de Fomento (donde trabajo) a que sean valientes, dejen de cavar, e intenten resolver de una vez por todas este problema, que cada vez es más grave. Para ello, creo que la mejor salida sería la liquidación de las concesionarias ruinosas y la posterior decisión sosegada entre la licitación con nuevas condiciones de contorno para asegurar su viabilidad, o la recuperación de la gestión de las autopistas en quiebra por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. En todo caso, esta decisión debería contar con el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios, porque, recordemos, las infraestructuras no son ni de derechas ni de izquierdas, sino un motor económico en el que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo.

… Pero mucho me temo que La Concesionaria Mala pasará en breve a tener un papel estelar en la Europesadilla de @AleixSalo. Aquí os dejo el vídeo del momento, que seguro que sirve a más de uno para relajarse y sonreír. O para echarse a llorar. O para encontrar parecidos razonables entre este artículo y el brillante cortometraje… O, quizás, para despertar.


21 comentarios:

  1. Y las encuestas dicen que los españoles queremos más Estado y más intervención (encima RECONOCIENDO que significa más impuestos y menos libertad).
    Se puede atravesar la península saltando de gilipollas en gilipollas.

    Saludos
    http://ansiadalibertad28012013.blogspot.com.es/

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    1. Está claro que lo que hace falta es un "mejor" Estado. Y, si tuviéramos buena voluntad, seguro que sería más fácil ponernos de acuerdo.

      Un saludo.

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  2. ¿Y la M-45 no la devolvemos?¿y todas las demás en las que ganan?
    No, sólo devolvemos las que pierden dinero. Eso no vale.


    Hay que seguir denunciando. Gracias, Manu.

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    1. ¡A ver si os animáis alguno más!

      Un abrazo, Fernando.

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  3. Y digo yo: ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando a esta panda de caraduras e incompetentes? ¿Es que vamos a seguir estando siempre de rodillas sin levantar la voz?.
    ¿Y la responsabilidad de quién hizo las previsiones y planeamientos? ¿No existe?.

    Felicidades Manu por el artículo.

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    1. Los soportaremos mientras queramos. Para mí, la solución pasa por echarles del gobierno. Para eso: #NoLesVotes, pero VOTA.

      En cuanto a las previsiones, en la Subdirección General de Planificación de la DGC, los compañeros sabían lo que iba a pasar, con un orden de magnitud muy aproximado... El problema, por lo que a mí me han contado, fue que la decisión vino impuesta como tantas veces desde la esfera política... Con lo cual, me remito al primer párrafo.

      Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.

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  4. Ellos dicen que no, que ahora no, pero la costumbre era que los beneficios por la ejecución de las obras compensaban de sobra el capital que se invertía en la concesionaria. Me temo que siga siendo así. Lo que pasa es que hay un desfase temporal, y ahora hay que provisionar pérdidas. Aunque las mayores pérdidas de estas empresas vienen de las aventuras enérgeticas (Iberdrola y Repsol p.e.) compradas caras con dinero prestado y vendidas baratas con las consiguientes munusvalías.¡Pobres accionistas!. Estos no se sientan en los Consejos de Administración ni cobran dietas
    Teófilo Serrano

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    1. Ya sabemos tú y yo quiénes son los que se sientan en los Consejos de Administración (de las energéticas, de las concesionarias, o incluso de las dos XDD).

      Un abrazo, Teófilo.

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  5. Estoy muy de acuerdo contigo, soy un funcionario del cuerpo como tú, lo mejor sería que se acaben los concursos y que el Estado se quede con las carreteras y las abra al público gratuitamente. Las metemos en la red general de carreteras y punto. ¿Es qué determinadas empresas españolas no tienen que asumir riesgos? Ellas hicieron los estudios de tráfico y ¿si el Sr. del negocio de la esquina no le entran clientes creará el Estado una empresa para solucionarle el problema?

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    1. Gracias por el comentario. Esperemos que cada vez entienda más gente que los gobiernos se han dedicado a recaudar a los pobres para dárselo a los ricos.

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  6. Gracias Manu por seguir explicando esta realidad.
    La unica forma que hay de conseguir cambiarla es divulgando e informando, aunque la mayor parte de los credulos y creyentes del establishment seguirán sin abrir los ojos al mundo real.
    Jesus.

    Respecto a las quiebras de las concesionarias sigo sin entender (bueno en realidad si lo entiendo)por qué a una empresa en amenaza de quiebra la ayudan, rescatan , le solucionan su papeleta mientras que a todas esas pymes que se han ido por el retrete no.
    ¿quiénes son los que generan empleo y producción y dinero en el mercado (y no en Suiza o Bahamas?

    Si las concesionarias cascan pues el Estado se queda con la autopista (y ya sacará a concurso el mantenimiento), y que cobre el peaje o ya directamente lo quitamos (y a impuestos como el resto) y asi las cuentas mas claras; y la empresa que pague la fianza y haga un ERE a sus directivos por inutiles.

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    1. ¿Que por qué lo hacen? Pues por eso, por eso... ;)

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  7. Sin eximir ni un ápice al actual gobierno de su tremenda responsabilidad en este asunto no debe olvidarse que esta golfada comenzó a tramarse siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos y luego fue consolidada por los dos ministros socialistas que le sucedieron. Los tres estuvieron siempre al servicio de las grandes empresas constructoras, aunque los dos últimos lo pretendieran disimular con esa patochada que fue el PEIT (cuyo capítulo dedicado a la financiación parecía escrito por el mismísimo Álvarez Cascos). Por otro lado, no es la primera vez que ocurre una cosa así, puesto que a principios de la década de 1980 se creó, por razones análogas, la Empresa Nacional de Autopistas, que más adelante sería reprivatizada (como la última joya de la abuela que se vendió en tiempos de Aznar para enjugar el déficit, y así hacernos creer que los Rato, Montoro, Guindos y compañía eran unos hachas de la política presupuestaria).

    Finalmente, no estoy de acuerdo en que el Ministerio de Fomento deba reestructurarse ni en que la DGC haya de asumir tales o cuales competencias para tratar de enmendar estos desaguisados. Simplemente tienen que desaparecer, tanto el Ministerio como, consecuentemente, la propia DGC. Por coherencia. Si todo lo que se va a hacer es en defensa de los intereses de las grandes constructoras, que ellas den de una vez la cara y asuman de iure el mando que ya ejercen de facto. Así no seguiremos algunos siendo tan ilusos y creyéndonos que la obligación constitucional de las administraciones públicas es la defensa de los intereses generales.

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    1. Miguel Ángel. No puedo estar de acuerdo con lo que planteas en el segundo párrafo. Por lo obvio, pero además porque cada vez somos más los compañeros funcionarios que queremos que "las cosas cambien". Y seguiré siendo optimista pensando que lo conseguiremos, durante muchos años, espero.

      Para intentar ayudar a que reconsideres tu postura, te recomiendo la entrada que acabo de publicar. No es mía, sino de otro compañero funcionario.

      http://sigoteniendosuenos.blogspot.com.es/2013/04/es-una-subasta-imbeciles.html

      Un abrazo.

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  8. Manuel, veo en tu análisis un fallo de concepto morrocotudo. Desde el cariño, porque aprecio mucho que escribas este blog, voy a ver si consigo explicarme.

    Las sociedades concesionarias son sociedades de RESPONSABILIDAD LIMITADA. Esto no es exclusivo de las concesionarias. Cualquier empresa, ya sea SL o SA, sólo responde de sus deudas con su capital. En el negocio concesional, en cualquier otro, en España y en resto del mundo.

    Así, de las deudas de las concesionarias nunca, bajo ningún concepto, tendrían que responder las sociedades matriz (las grandes constructoras). Estas perderán el 100% del capital que invirtieron en las concesiones, pero con rescate o sin él, nunca pueden perder más que el dinero que pusieron. La empresa matriz pierde todo el dinero invertido, la subsidiaria -la concesionaria- entra en suspensión de pagos y liquida sus activos. Para entendernos, lo que rige es la dación en pago,se le entrega "las llaves" de la autopista al banco y fin.

    A lo que voy, todo lo que en tu análisis se refiere a salvar a las grandes constructoras no es cierto porque las grandes constructoras no tienen ninguna deuda que pagar. Las constructoras pusieron un capital que ya dan por perdido (y que además era bastante pequeño porque iban muy apalancadas, es decir, la mayor parte del dinero lo ponía el banco). Está provisionado, está descontado en el valor de la acción, y a nadie le preocupa ya dentro de las constructoras. El problema lo tienen los bancos que prestaron el dinero y ahora se encuentran con que en lugar de dinero tienen una autopista en sus balances, y es a ellos y sólo a ellos a quien se salva con esta decisión del gobierno

    Nos puede parecer mejor o peor este sistema, pero no creo que sea el objeto de este artículo sea denunciar la existencia de sociedades de responsabilidad limitada (que existen desde el XVII)

    Podemos discutir sobre un problema que fué (cómo se gestaron las concesiones, cómo se permitió ese grado de apalancamiento, si se podría haber ideado un sistema concesional en el que la matriz asumiera la responsabilidad y no lo hiciera vía una sociedad creada ad hoc, la estimacón de tráfico, etc).

    Podemos incluso discutir sobre esa mención a que "se plantea la devolución de las autopistas a las empresas privadas en el momento en que éstas tuvieran capacidad de asumir su gestión", que desde luego es delirante y si realmente es así -que lo dudo, el periodista no parece saber de lo que habla- es una vergüenza.

    Pero si el objetivo de tu artículo es tratar sobre a quién beneficia La Concesionaria Mala, lo que tiene que quedar bien claro es que esto no va de ayudar a las grandes constructoras; esto va de ayudar a la banca.

    Donde el mercado no ha funcionado ha sido en el lado de la banca que financió los proyectos, porque esa banca era sobre todo Bankia, que ya nos sabemos todos quién la manejaba y a quién pertenece ahora.

    Este hecho concreto de la concesionaria mala no supone ninguna nueva socialización de las perdidas. La socialización de estas pérdidas ya se hizo al salvar a Bankia hace meses. Lo de ahora es sólo aplicárnos a nosotros mismos un artificio contable.

    Saludos.

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    1. Miguel.

      Sin entrar a discutir, porque creo que estamos bastante de acuerdo, solamente matizar que no he hablado de beneficiar a las grandes constructoras (en este artículo, por lo menos) sino a las concesionarias. Y, por supuesto, a los bancos.

      Y como tiene que ver con todo esto, aprovecho para recordar la cerrada relación entre ambos colectivos. A mí me gusta decir (asumiendo la inexactitud) que ABERTIS es La Caixa.

      Por último, decirte que tu comentario me ha traído a la cabeza uno de mis vídeos de YouTube favoritos. Se llama "Mouseland". Espero que cuando lo veas, sonrías y comprendas mi relación cerebral... O por lo menos, que lo disfrutes.

      http://www.youtube.com/watch?v=UtTW72F8xo0

      Un saludo.

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  9. Manuel,

    Efectivamente, estamos bastante de acuerdo. Lo que intentaba transmitirte es que lo malo no va a pasar. Lo malo ya pasó hace muchos años. La Concesionaria mala no me parece el problema, sino la menos mala de las soluciones (dentro del respeto a la ley y los contratos firmados, si pasamos esa línea ya hablamos de otra cosa).

    Un abrazo

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  10. Impecable artículo, al que solo le haría un matiz. La prognosis de tráfico la incluían los proyectos en licitación. Alguna responsabilidad es pues del Ministerio.
    Su idea original se gestó en tiempos de Borrell, poco después Salgado prosiguó y remató Álvarez Cascos, cuya gestión al frente del Ministerio de Fomento fue catastrófica y despilfarradora.

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  11. Hola Manuel, gracias por tus reflexiones, para las que tengo algunos comentarios.

    Quizá el más importante, para mí, es el hecho de que hay varias diferencias, algunas muy importantes, entre lo que es una empresa concesionaria, y una empresa privada y a la luz de esas diferencias, no pueden exigirse algunas cuestiones que tú comentas en tu artículo, al menos, desde mi punto de vista, y si se pueden exigir, habría que exigirlas con matizaciones.

    La más importante, desde mi punto de vista, es que una empresa privada no tiene control y supervisión de la Administración, y una concesionaria sí. Una concesionaria es una colaboración entre privado y público, teniendo el público más responsabilidad, desde mi punto de vista. Bajo esa prisma y punto de vista, no estoy de acuerdo, y coincido con Adan Esmit en esto, en que no haya responsabilidad de la administración en el tema de las prognosis de tráfico. Cuando dos firman un contrato, previa evaluación de una oferta, es porque ambos dos están de acuerdo. De hecho, existe la calificación de oferta temeraria, para descartar o al menos pedir explicaciones en el caso de que la prognosis sea elevada. Es paradigmático que todos los proyectos que están en esta situación, tenían previsiones diferentes por parte de la administración y por parte de los licitadores. Existe responsabilidad 100% en este tema por parte de la administración. Hay alguien que dice van burros volando, y el que antes ha dicho que son caballos, va y firma, sin discutir, que son burros...

    Por otro lado, estas empresas suscriben deuda con entidades financieras que tienen como una de sus garantías, la responsabilidad patrimonial de la Administración, algo que no le ocurre a las empresas privadas. Aquí detrás de todo, está la administración. Esto implica una gravedad adicional en el caso de que estas empresas vayan mal, como es el caso que nos ocupa, porque la responsabilidad última es de la administración. El mercado concesional no es un libre mercado, es un mercado regulado y pautado. Esto no exime de que las empresas asuman su riesgo y ventura, algo que, evidentemente, no se hace.

    Desde este punto de vista, yo no sé, a día de hoy, qué solución es menos mala, de todas las que se barajan. Lo que sí sé, es que, inevitablemente, es algo que pagamos todos, a cuenta de esas particularidades mencionadas, y que debieran obligar a la administración a hacer un papel impecable, en lugar de no controlar, no supervisar, y no decir no a ofertas imposibles.

    Por último, quiero contestar a Miguel, que dice que las empresas concesionarias son de responsabilidad limitada. Miguel, son sociedades anónimas, no limitadas, y se hacen así, precisamente, para que la mayor parte de la pérdida quede asumida en esa sociedad, y no en la matriz. Por otro lado, hay que reflexionar sobre cuál es el dinero que realmente pone el privado socio de una de estas empresas, y cuál es su pérdida, cuando en la mayoría de las ocasiones, el volumen de deuda es de entre 70% y 80% del total de la inversión, y por tanto, va contra la RPA de la administración.

    Te felicito Manuel porque es un artículo que da pie a reflexionar mucho sobre el sistema, y espero que toda esta gravísima situación sirva para poner conciencia en cuál es la responsabilidad de cada cuál, y en cómo se pueden evitar algunos de estos errores.

    Particularmente, yo preferiría que todos los avales y las cantidades de dinero destinadas a tapar graves irresponsabilidades, fueran para las pymes y autónomos, que son la mayor parte del tejido empresarial español, ese tejido que sí está en un mercado libre, y genera puestos de trabajo, y que terminará extinguido pronto como nadie lo remedie.

    Oliva González

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  12. Hola.

    Creo que este tema es bastante complejo, como para afirmar, creo que de forma simplista que éste sea un problema creado por el PP, el PSOE o las Concesionarias.

    Por poner solo un ejemplo, entiendo que las empresas concesionariae tienen, digamos el 51 % de responsabilidad. Pero realizaron sus ofertas basadas en prognosis de tráfico realizadas en Estudios del Ministerio de Fomento. Me imagino que dichos estudios los firmarian funcionarios de la Dirección General de Carreteras. Corrigeme si me equivoco.. Por lo que el Ministerio de Fomento tambien tiene su parte de responsabilidad.

    Gracias

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    1. Hola. Voy a hacer una excepción, porque nunca respondo a anónimos en el blog (es una de las pocas reglas que me he puesto, creo que poner nombre y apellidos da mucho valor añadido a una conversación, y le quita ese aroma a bar del que hemos de huir si queremos ayudar a mejorar las cosas).

      Pero brevemente y por respeto y cariño hacia esos funcionarios de los que hablas: sí, te equivocas en lo que imaginas.

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