¿Puede el Colegio de Caminos ayudar al Ingeniero de Caminos del Estado?

Estamos en época de elecciones en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al que, por principios, pertenezco.

Sin entrar en otras posibles mejoras del Colegio relacionadas con otros sectores de la profesión, como ingeniero del Cuerpo de ICCP del Estado considero que el Colegio puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora por este colectivo. Por ello, me gustaría encontrarme en los distintos programas electorales, ideas similares a las siguientes. Pues considero muy necesario que el Colegio colabore en la protección de un cuerpo técnico cuyo objetivo primero es servir al interés general.

Así que yo votaré al representante que proponga:

• Priorizar el interés general de la sociedad española frente al particular de las empresas concesionarias, constructoras y consultoras, y adquirir el compromiso de no enviar a los ciudadanos mensajes irreales acerca de la bondad de infraestructuras innecesarias.

• Priorizar el sector de la conservación de obra pública sobre el de la construcción de nuevas infraestructuras: España es un país con redes definidas y maduras, y la labor más importante del ingeniero de caminos en este país a partir de ahora será en las fases de conservación, explotación y rehabilitación.

• Colaborar con la AICCPE en la elaboración de una propuesta al Gobierno de España de programación de infraestructuras estatales creíble, basada en los planes existentes y las posibilidades reales de inversión y financiación del Estado en los próximos años.

• Comprometer al Colegio a emitir juicios de valor y posiciones oficiales al respecto de las decisiones tomadas por el Gobierno en cuanto a la planificación y ejecución de las obras públicas, basadas fundamentalmente en criterios técnicos y económicos, y que releguen la coyuntura política al último escalón decisorio. Luchar por un necesario Pacto de Estado entre todos los partidos políticos por la planificación y programación de infraestructuras, materia que no debería depender del color político del gobierno, sino del sentido común.

• Fomentar la colaboración y la creación de lazos de actividad solidaria entre el Colegio, las empresas de ingeniería, y la Administración General del Estado (en especial con los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Crear foros técnicos que funcionen como punto de encuentro entre ingenieros que identifiquen problemas y necesidades, y planteen soluciones.

• Colaborar con el Ministerio de Administraciones Públicas en la definición de los puestos técnicos y de gestión necesarios en las diferentes RPTs en los que, por las funciones asociadas, es imprescindible la presencia de un ICCP del Estado. Abogar por la tecnificación de los gabinetes de los órganos superiores de los ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la sustitución paulatina de asesores políticos por ingenieros del Cuerpo en esos gabinetes.

• Trabajar por la convocatoria anual de oposiciones al Cuerpo de ICCP del Estado, intentando hacer ver al Gobierno la necesidad de implantar como mínimo una tasa de reposición del 100%.

• Volver al modelo de oposición al Cuerpo de ICCPE anterior, recuperando el examen escrito en detrimento del examen oral. De esta manera, se aumentaría la objetividad de la prueba (ya que todos los opositores tendrían que responder a las mismas cuestiones), y se ajustaría el examen a las habilidades esperadas en un ingeniero del Estado (que dedicará mucho más tiempo en su trabajo a redactar informes que a memorizar y recitar temas).

• Vigilar de manera objetiva el cumplimiento de la legislación de contratos de las administraciones públicas, para evitar que las empresas públicas puedan concurrir a los concursos en competencia desleal con otras empresas del sector.

• Del mismo modo, arbitrar para que dichas empresas públicas no se arroguen competencias reservadas a los ingenieros funcionarios. Los funcionarios de carrera tienen una vía de acceso a través de un largo proceso de oposición, un régimen de incompatibilidades muy rígido, un deber de independencia, vocación de servicio público, jerarquía y otras muchas especialidades que contempla su legislación específica como base de la organización administrativa. Asimismo, el ordenamiento jurídico impone una responsabilidad específica para el funcionario en el cumplimiento de su deber, al establecer en el código penal agravantes importantes para determinados delitos por el mero hecho de ser funcionarios los que los cometan. Todo ello es la base de la garantía de imparcialidad que debe regir el funcionamiento de la Administración pública.

 

• Colaborar con la AICCPE en la defensa de la función pública tal y como la define el artículo 103.3 de la Constitución Española: “La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.