¿Concursos o subastas?... Las armas requieren espíritu

La semana pasada propuse un debate por aquí que tuvo bastante aceptación sobre la relación entre la corrupción y la forma de contratación de obra pública. Varios compañeros han comentado su opinión en el blog, con aportaciones interesantísimas y dignas de ser tenidas en cuenta para mejorar la legislación de contratos, y muchos otros hemos hablado de ello durante la semana.

El artículo que servía de introducción al debate aporta contenidos muy valiosos. En primer lugar, Teófilo denuncia con su nombre y apellidos algo que el ciudadano tiene que saber: que la contratación pública de obras ha sido y es un foco de corrupción política. También denuncia en sus comentarios posteriores ciertas malas prácticas que todos conocemos en la fase de redacción y valoración de ofertas. Esto no vale con comentarlo en corrillos o tomando café. Sino que, para que la realidad empiece a cambiar son necesarios nombres propios que se pongan a cambiarla. Por eso, mi gratitud a Teófilo por haber dado un (pequeño y primer) paso adelante.

Asimismo propone herramientas muy interesantes, como los performance bonds, la desincentivación de reclamaciones infundadas o la Fals Claims Act, que ayudarían sin duda a una administración pública más eficaz.

Pero defiende una premisa que no puedo compartir en el sentido que la plantea:

“El concurso, por muy bien estructurado que esté, ofrece siempre un margen de discrecionalidad en sus valoraciones cualitativas, que puede ser utilizado por políticos y funcionarios para dirigir el sentido de la adjudicación”.

Y digo que no la comparto porque no quiero ver en el mismo saco a políticos y funcionarios. No me detendré en el detalle de que la generalización de la frase es muy peligrosa: ni todos los políticos son iguales, ni todos los funcionarios somos iguales, ni por supuesto un colectivo debería tener mucho que ver con el otro.

Antes de seguir, imaginad una escena:

Funcionario: “Ya hemos valorado las ofertas. La mejor técnicamente sale la empresa A”.

Subdirector: “Habrá que hacer una revisión de la valoración, porque tengo entendido que la empresa B ha presentado una oferta muy buena, y existe interés en que ese esfuerzo se valore”. (El funcionario entiende: “Vale, chaval. Pues ya estás cambiando los números para que salga la empresa B y que la diferencia sea suficiente como para que la oferta económica no nos toque las narices. Que me han dicho “desde arriba” que tiene que salir la empresa B”).

Funcionario: “Esto… La oferta de la empresa B no es que sea muy buena que digamos… Además, “se parece sospechosamente mucho” a las de las empresas C, D y E”.

Subdirector: "Seguro que ese criterio está muy fundado, pero estoy convencido de que las directrices de la superioridad también lo están". (El funcionario entiende: "No sé muy bien de qué me estás hablando. Pero ya estás tardando en cambiar los números").

Y el funcionario vuelve asqueado a su despacho, pensando en que el sistema es una mierda y que su trabajo no vale para nada, y con la firme determinación de que cambiará los números, porque es su trabajo y no le queda más remedio, pero que eso no lo firma él, que su objetividad no se lo permite. Y su conciencia queda tranquila porque, al menos él, “ha salvado su responsabilidad”.

Los concursos y las subastas son dos herramientas que la ley prevé para la contratación pública. Cada uno es preferible en ciertos supuestos, y este artículo no aportaría nada si se limitara a enumerarlos, porque todos somos mayorcitos y sabemos de qué estamos hablando. Además, ya está suficientemente debatido por muchos compañeros en los comentarios al artículo de Teófilo… Aunque aprovecho para preguntar:

¿Os parecería descabellado un cónclave de empresas estudiando la baja que tiene que hacer cada una para repartirse las obras? A mí no, sin ir más lejos es comidilla que a las empresas concesionarias de las autovías de primera generación les gusta tomar café los lunes, por ejemplo.

¿Os parecería descabellado que judicialmente el Estado se acabase comiendo las bajas temerararias porque algún tribunal diga que ese modificado de ciencia ficción que plantea la contrata es de ley? Más descabelladas son algunas sentencias sobre expropiaciones y autopistas radiales, por ejemplo.

No puedo compartir el “café para todos”. De hecho, es una de las mayores injusticias que conozco, que, como he argumentado otras veces, produce que paguemos justos por pecadores. En este caso, pretender eliminar el concurso porque produce discrecionalidad es ir en contra de todo lo que yo defiendo y espero de la Función Pública.

discrecional.

(De discreción).

1. adj. Que se hace libre y prudencialmente.

2. adj. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas.

Los funcionarios somos la última frontera entre el político y el ciudadano. Nuestro criterio, valorado en pruebas objetivas, y elegido por mérito y capacidad, ha sido el que el país ha decidido que prevalezca en lo tocante a ejercer la función pública.

Si hay algún funcionario que, en vez de defender el interés general sirve a otros intereses espurios, esto no puede ser causa de que a todos los demás nos recorten la posibilidad de hacer bien nuestro trabajo, es decir, de que sea nuestro criterio el que guíe nuestras acciones.

La película que cuento más arriba termina así:

“El funcionario se sienta delante de su ordenador. Antes de abrir el excel, el peón mira alrededor y ve al rey corrupto, a la reina hecha una zorra, al caballo de cartón y a la torre inmóvil, haciendo dinero. Silencioso, pensativo, decide no abrir el excel, sino el word, y comienza a redactar un informe contradictorio”.

“Las armas requieren espíritu, como las letras”.

Miguel de Cervantes y Saavedra.

“¡No puedes pasar!”.

Gandalf el Gris.