La
sociedad española está acostumbrada a percibir como cosa normal la imagen de un
ministro de Fomento cortando la cinta simbólica que representa la inauguración
de una nueva obra pública. Es un acto que se ha repetido gobierno tras gobierno
de Partido Socialista y Partido Popular (en esto también se ponen de acuerdo),
y que nos recuerda épocas pasadas de aroma preconstitucional.
Sabemos
que el coste de estos acontecimientos puede ser el chocolate del loro en el
montante total del presupuesto de una obra pública. No obstante, consideramos
que:
- Hacemos pedagogía democrática poniendo de manifiesto el coste que le supone al ciudadano cada uno de estos paseos institucionales.
- En una época de
crisis económica tan feroz como la que sufrimos, en los que tantos
recortes en los servicios públicos estamos padeciendo, la clase política
debe dar un ejemplo de austeridad y eliminar de su agenda este tipo de
actos megalómanos, populistas y egoístas.
Por
poner un ejemplo, el orden de magnitud de los costes habituales de las puestas
en servicio de una obra de carretera del anterior gobierno socialista (obtenido
de un documento encargado por el equipo de Ana Pastor al gabinete de la
Dirección General de Carreteras, al que ha tenido acceso la Asociación del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado) era el siguiente:
- Anuncios en prensa:
habitualmente, entre 13.000 y 20.000 €.
- Cuñas de radio: en
el año 2011 (no olvidemos que fue año electoral), unos 4.000 €.
- Carpa: el coste
aproximado de un carpa con tarima enmoquetada, equipo de sonido, atril,
banderas, iluminación, sillas y generador es de 9.000 €.
- Fondo de escenario:
1.800 €.
- Edición de 300
trípticos: 600 €.
- Impresión de panel
informativo: 280 €.
- Realización de
vídeo: 4.600 €.
- Pantalla LED de
2,30 x 1,92: 2.500 €.
En total, cada corte de cinta supone a las arcas públicas más de 40.000 euros. A lo que habría que añadir el gasto que supone el desplazamiento de las autoridades civiles y políticas que suelen acudir en tropel a este tipo de actos (incluyendo el coste del tiempo de trabajo que dejan de hacer, puesto que los actos se suelen producir en horario laboral).
Es posible que nuestros gobernantes piensen que estamos hablando de un gasto ridículo en comparación con la inmensidad del presupuesto de la obra. Aunque también es posible que muchos miles de desahuciados de este país, que pierden su vivienda por menos de esos 40.000 euros, no estén de acuerdo con ustedes.
También
nos preocupa que todos estos gastos no estén respaldados por ninguna partida de
los presupuestos de las obras. Es decir, habitualmente estos actos se organizan
bajo la supervisión directa de los gabinetes de los ministros, los pagan los
contratistas de las obras bajo cuerda, y los cobran en la liquidación de las
obras manipulando alguna de las mediciones de la obra (se podría decir que “en el movimiento de tierras cabe todo”).
Estamos ante una práctica generalizada que incumple sistemáticamente la Ley de
Contratos del Sector Público, por orden directa de los ministros de los
gobiernos de PSOE y PP. No hay más que leerse el presupuesto de una obra para
corroborar que el gasto del que estamos hablando no aparece presupuestado por
ningún sitio.
Pero lo que más nos preocupa de todo es que muchas veces no se inaugura la nueva
carretera hasta semanas, e incluso meses después de estar finalizada por la
única razón de que la puesta en servicio no cuadra con la agenda de la
ministra. Éste es el caso, por citar algunos ejemplos de los últimos meses, de
las siguientes obras:
- A-40 Autovía Ávila
– Teruel. Tramo “Villarrubia de Santiago - Santa Cruz de la Zarza”. No se
puso en servicio hasta más de un mes después de haberse terminado, tras
varios retrasos por dificultades de agenda de la ministra.
- A-22 Autovía Huesca
– Lleida. Tramo “Variante de Almacelles – Límite Provincial con Huesca”.
Tardó un mes en ponerse en servicio desde su terminación, también por
dificultades de agenda de la ministra.
- A-21 Autovía Jaca –
Pamplona. Tramo “Tiermas – Límite Provincial con Navarra”. Antes de verano
estaba en las últimas fases de la obra, y constituía el tercer ejemplo de
este artículo. Hoy la situación es diferente… Pero ésa es otra historia.
Este aspecto supone nuestra máxima preocupación porque lo consideramos un irresponsable atentado contra la seguridad de miles de ciudadanos. En efecto, se está posponiendo la puesta en servicio de una autovía mucho más segura que la carretera nacional aledaña simplemente por cuestiones de protocolo. Mucho nos tememos que nuestras palabras no sirvan de nada, y que el gobierno solamente tome cartas en el asunto el día en que la mala suerte haga que alguien se mate en la carretera nacional. Entonces, y sólo entonces, a lo mejor se le ocurre a alguien del gobierno preguntarse por qué la autovía (ya terminada) no estaba aún en funcionamiento.
Sabemos
que el actual gobierno ha procurado disminuir los costes asociados a las
puestas en servicio: se ha encargado de ordenar que no se elaboren el vídeo y
el tríptico explicativos de las obras, y que se eliminen los anuncios en prensa,
y que se cambie la recepción en una carpa por un paseo en autobús.
Estamos
de acuerdo en que el vídeo y los anuncios en prensa son innecesarios: en esta
época de las comunicaciones, basta con utilizar los medios informáticos y
publicar la nota de prensa de la puesta en servicio en la web del ministerio, a
coste cero, como efectivamente se viene haciendo habitualmente. En cambio nos
sorprende negativamente que se elimine el tríptico, elemento que sí tiene
sentido técnico: documentar adecuadamente la obra realizada para los archivos técnicos
del ministerio. Como hemos visto previamente, el coste del tríptico es muy
pequeño comparados con lo que pagamos por cada puesta en servicio, y en cambio
aporta un valor añadido interesante para la Dirección General de Carreteras... En
cuanto al paseo en autobús, preferimos no hacer comentarios.
Apreciamos
que el Ministerio haya decidido eliminar alguno de estos actos. Por ejemplo, el
del tramo “Roselló – Almenar” de la autovía A-14 Lleida – Frontera francesa, en
Lleida (bautizado por algunos medios como la autovía fantasma, por tener una
IMD menor a 500 vehículos diarios, cuando la ratio habitual para proponer una
autovía es del orden de 10.000). Aunque nos cuesta no sospechar que el
ascetismo en este caso se haya debido al ridículo que hubiera supuesto
inaugurar una autovía en la que apenas pasan coches.
Por todo lo anterior, cabe proponer que
el Ministerio de Fomento elimine de sus procedimientos protocolarios los actos
oficiales de inauguración de obras públicas, que cargan a las cuentas públicas
alrededor de 40.000 € cada uno, y que ocasionan un riesgo real a la seguridad
de los ciudadanos.
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